La “resolución declarativa” de ese genocidio fue leída ayer por el juez federal Norberto Oyarbide, quien tramitó el expediente, ante representantes de la colectividad armenia que presentaron la querella, en principio por la suerte corrida por la familia de Gregorio Hairabedian, y constituye el primer caso en el mundo para el caso armenio en que se aplica el concepto de jurisdicción universal.
La condena no tiene efectos punitivos, pero si permitirá a los demandantes usar este antecedente con valor de sentencia ante otros foros internacionales, tal como ocurrió con los Juicios por la Verdad tramitados ante tribunales argentinos cuando, a partir de 1987, las Leyes de punto final y la obediencia debida, pusieron limites al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La causa se inició a raíz de la demanda presentada en diciembre de 2000 por el escribano Gregorio Hairabedián, descendiente de armenios asesinados, quien pidió que se investigue por la suerte de 50 familiares directos en la provincias armenias (vilayetos) de Palú y Zeitún, en poder del entonces Imperio Otomano.
A esta querella se sumó luego la Colectividad Armenia de Buenos Aires por la matanza de población armenia en las provincias de Trebizonda, Erzerúm, Bitlis, Diarbekir, Jarput y Sivas, que de acuerdo a estimaciones históricas costó la vida a un millón y medio de armenios en el primer genocidio del siglo XX.
“Nos inspiramos en un Juicio por la Verdad para saber el destino de Rodolfo Walsh, cuando todas las puertas de la justicia argentina estaban cerradas para dar castigo penal a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura”, dijo Hairabedián a Télam poco antes de recibir de Oyarbide el acta de la sentencia.
Las actuaciones se iniciaron luego de que los querellantes apelaran una decisión de primera instancia y consiguieron que la Sala II de la Cámara Federal porteña, que preside Horacio Cattani, ordenara a Oyarbide iniciar la investigación en el marco de un Juicio por la Verdad como los que ya se venían realizando para casos nacionales.
En el marco de estas actuaciones, el juez libró exhorto al gobierno de Turquía para que se informara sobre la suerte corrida por los familiares Hairabedián y pusiera a su disposición los archivos “ya sea por desaparición, deportación o ejecución”.
También solicitó a los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Estado Vaticano que remitan toda información que contengan en sus archivos relativa a esos crímenes, al tiempo que tomaba testimonio a descendientes armenios asesinados, radicados en Argentina.
Alemania y la Santa Sede contestaron a los reclamos poniendo a disposición de las causas los Archivos Históricos y Políticos, que fueron analizados por enviados de la Fundación Luisa Hairabedian y resultaron de notable importancia para certificar las características del genocidio.
Algunos tramos de los testimonios tomados en Buenos Aires a los deudos de esas víctimas de hace casi un siglo, fueron leídos ayer por Oyarbide en el acto donde entregó la sentencia, que ahora podrá ser presentada ante otros tribunales u organismos internacionales como las Naciones Unidas con el valor de “cosa juzgada”.
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